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El próximo 4 de diciembre conmemoramos el 40 aniversario de la mayor movilización

social en nuestra tierra a favor del autogobierno de Andalucía.

 Cerca de dos millones

de personas se echaron a la calle en todas las capitales, ciudades y pueblos de

nuestra comunidad para reclamar el derecho a una autonomía plena en el “contexto de

unidad solidaria de todos los pueblos del Estado español”, tal y como se reflejaba en el

comunicado conjunto que se leyó al final de las manifestaciones.

El pueblo andaluz tomó la calle para reivindicar su derecho a tener las mismas cotas

de autogobierno que las llamadas ‘comunidades históricas’, dejando clara su voluntad

de acogerse al artículo 151 de la Constitución Española. En la gran convocatoria

participaron organizaciones políticas, sindicales, sociales e instituciones, sumándose

un amplio espectro de la sociedad civil. Sin esta masiva respuesta no hubiesen sido

posibles los resultados obtenidos en el referéndum del 28 de febrero de 1980.

El 4 de diciembre fue un día festivo en el que como pueblo supimos ver que no

podíamos dejar pasar el tren que el momento histórico nos ofrecía. Éramos un pueblo

castigado por la emigración, el paro, el analfabetismo y unas condiciones de vida

inferiores a las del resto de España, convertida en el granero de mano de obra

barata por la Dictadura franquista, pero empezamos a tomar conciencia y nos

rebelamos, sabiendo y entendiendo que solo una respuesta contundente,

aunando voluntades, intereses, y compromiso, reclamando igualdad de trato y

dignidad, podía salvar a nuestra tierra del abandono histórico que sufría.

Por ello, salimos a la calle, reclamando un marco autonomista con competencias

suficientes para abordar las deficiencias y desequilibrios que históricamente

veníamos padeciendo. Pero, lamentablemente, este día se tiño de luto, cuando en el

desarrollo de la multitudinaria manifestación que se estaba celebrando en Málaga,

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supimos del asesinato del compañero Manuel José García Caparrós, por disparos de

la policía.

El asesinato de Caparrós no hizo más que demostrar que, aunque el dictador llevara

muerto dos años, la dictadura seguía viva. Solo la lucha de organizaciones políticas y

sindicales, como CC.OO. y U.G.T., que reclamaban libertad y democracia, provocó que

la misma comenzara por aquel entonces a agonizar.

Tras las primeras elecciones en junio de 1977, se abre un proceso constituyente,

siendo el debate territorial uno de los más espinosos a la hora de llegar a un consenso

en el texto de la Carta Magna, ya que se partía del reconocimiento de las llamadas

`comunidades históricas’, y de la concesión de las llamadas `preautonomías’ ya antes

de la Constitución. Se implantaba el convencimiento de que el acceso a la autonomía

de las nacionalidades y regiones se iba a producir necesariamente a dos velocidades:

por la vía rápida, del artículo 151 de la CE, para las comunidades históricas (Cataluña,

País Vasco y Galicia); y por la vía lenta, del artículo 143 de la CE, para el resto de las

comunidades. A Andalucía se le pretendió negar el mismo trato que a las

comunidades históricas.

El tránsito no fue fácil y una vez aprobada la Constitución, tras el referéndum

celebrado el 6 de diciembre de 1978, los andaluces y andaluzas tuvimos que

movilizarnos de forma masiva, nuevamente, esta vez en las urnas el 28 de febrero de

1980, porque la vía del artículo 151 de la CE exigía que la iniciativa autonómica fuera

ratificada mediante referéndum, convocado mediante ley orgánica, por el voto

afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia implicada.

Sin embargo, y a pesar de los y obstáculos y dificultades impuestas por el gobierno

central, (entonces la extinta UCD) conseguimos superar los resultados exigidos por el

plebiscito, siendo Andalucía la única comunidad que finalmente accedió a la

autonomía por esta vía, y con ello la plena equiparación en materia autonómica con

los territorios considerados “históricos”.

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La masiva respuesta en el referéndum fue, indiscutiblemente, fruto de la movilización

del 4D, y esto supuso dar un paso más hacia la consolidación de la autonomía plena.

El modelo territorial consagrado en el capítulo VIII de la Constitución Española, ha

posibilitado avances económicos y niveles de derechos civiles, económicos y sociales

nunca antes conocidos en nuestro país. Los avances jurídicos traducidos en derechos

han beneficiado por igual a la totalidad de los habitantes y de la ciudadanía de nuestro

país, al mismo tiempo que se han preservado y desarrollado sin trabas ni cortapisas la

singularidad de las identidades culturales y lingüísticas.

En el momento actual donde todos estamos inmersos y directamente implicados en el

debate de reforma o revisión, Andalucía deberá pronunciarse, proponer y participar en

el necesario diálogo que se pretende abrir entre todos los llamados (el poder

constituyente) para decidir sobre esta nueva andadura política. Partiendo de una visión

global de nuestro país, que no centralista, consideramos que el conjunto de la riqueza

del territorio español, es la generada por el trabajo, las iniciativas de producción, el

capital humano y el aporte de las materias primas de todos los territorios más el

esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, el conjunto de los derechos,

servicios o prestaciones públicas deben equipararnos a todos en plano de igualdad.

Los andaluces y andaluzas nos reafirmarnos en nuestra solidaria visión propia,

Nacional y Universal reflejada en la letra de nuestro himno: “Sea por Andalucía Libre,

España y la Humanidad “.

Y en nuestra aspiración de alcanzar el máximo nivel de autogobierno que permita el

texto constitucional, con las competencias y recursos necesarios, exigiendo un modelo

de financiación justo, equilibrado, solidario, transversal y equitativo, basado en la

equidad y solidaridad interterritorial.

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