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- “Una vez más el PP sigue adelante con sus ideas por imperativo y sin consenso, aunque ello suponga ir en detrimento del Estado del Bienestar”

CIS se opone totalmente a la reforma de la Administración Local que se debatirá esta semana en el Congreso y que recortará sobremanera las competencias municipales, limitando en gran medida la Administración más cercana a los ciudadanos y favoreciendo a las Diputaciones que son las entidades que ellos directamente controlan.

Una vez más, según CIS, el PP sigue llevando adelante con sus ideas por imperativo y a pesar de no tener el consenso de la mayoría, ni ver otras alternativas, aunque ello suponga ir en detrimento del Estado del Bienestar por el que tanto se ha luchado.

Al igual que CIS, alcaldes y concejales de todos los partidos de la oposición ya han mostrado su rechazo al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que puede dejar a los ayuntamientos sin competencias en materias tan importantes como Educación o Servicios Sociales, a pesar de ser estos quienes conocen más de cerca la problemática real de los ciudadanos.

La excusa del Gobierno esta vez vuelve a ser el ahorro, a través de la eficiencia del gasto público, pero para Ciudadanos no es más que una pretensión de concentrar el poder en las diputaciones, y es exactamente a este nivel -diputaciones, senado, etc.- donde se concentra el mayor gasto público.    

            La primera Administración, la más cercana a los ciudadanos, es la local y como tal, según CIS, sería necesaria una ley de financiación de las Administraciones Locales que les facilite los fondos para poder prestar los servicios, sin embargo con la aprobación de esta reforma lo único que se persigue es que los fondos pasen a ser gestionados por entes como las diputaciones, vulnerándose así un principio básico como el de verse representados por aquellas personas que los votantes han elegido, usurpando el voto del ciudadano en favor de las grandes maquinarias políticas.

            Aquellos alcaldes y municipios que más deberían preocuparse de ser aprobada esta reforma son aquellos cuya independencia se ve afectada, entre los que se encuentran los de menos de 5.000 habitantes e incluso los de menos de 20.000 que quedarían en manos de las diputaciones. Además las Entidades Locales Menores pierden su carácter de Administración Local.
La realidad no es la que nos quieren vender, lamenta CIS, pues la puesta en vigor de esta ley, más que ahorro, conllevaría una perdida de puestos de trabajo y la privatización de los servicios públicos, que quedarían siempre supeditados a que las empresas que los presten cumplan con los pliegos, y siempre mirando por obtener sus propios beneficios, lo que supondrá probablemente una subida progresiva de impuestos hasta que se alcance el coste que suponen estos servicios.

            Los servicios básicos serán pues prestados por las Administraciones en función de la capacidad económica de cada ayuntamiento, lo que supondrá, una pérdida de calidad de los mismos, traduciéndose en grandes perjuicios para los ciudadanos.

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