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Los concejales de IU en Sanlúcar votaron a favor de la liquidación propuesta, lo que perjudica a la ciudad y a los sanluqueños.

 

La alcaldesa califica como injusta la propuesta de liquidación aprobada ayer. El Ayuntamiento tiene un mes para presentar alegaciones.

 

 

La alcaldesa de la ciudad, Irene García, acompañada por el segundo teniente de alcaldesa, Juan Marín ha ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar lo sucedido ayer en el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, en el que se aprobó la liquidación de la misma.

 

            La posición en este pleno tanto de PSOE como de CIS, los dos grupos que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento de Sanlúcar fue de rechazo a esta liquidación propuesta, ya que se piden al consistorio sanluqueño 14 millones de euros, cantidad que tanto la alcaldesa, como el segundo teniente de alcaldesa afirman que es injusta y que no cumple con los estatutos de la MMBG.

 

            “Desde un principio el gobierno municipal ha mantenido una posición firme en la búsqueda de soluciones a la MMBG, proponiendo iniciativas para esclarecer la verdadera situación económica de la entidad, así como la deuda real para poder cumplir con trabajadores y proveedores. Una vez decidida la disolución de la entidad, se creó una comisión liquidadora, de la que ha formado parte Juan Marín y desde el principio se ha apostado por el trabajo de nuestros técnicos municipales, para analizar la situación contable y financiera”, declaró Irene García.

 

            El Ayuntamiento de Sanlúcar tiene una representación del 31% en la Mancomunidad de Municipios, esto es, a Sanlúcar le corresponde ese porcentaje de los gastos generales de mantenimiento y funcionamiento de la MMBG, pero el Consistorio no está dispuesto a pagar servicios muy costosos y concretos que se han prestado en otros municipios y que no han repercutido ni favorecido en modo alguno a Sanlúcar ni a los sanluqueños. Un ejemplo de ello son las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos de dos municipios de Sevilla, Utrera y Lebrija, de las que no se conoce el importe, ni el estado de sus cuentas, aunque “sí se intuye que han supuesto pérdidas”, tal y como expuso la primera edil, ya que los ciudadanos de estos municipios de Sevilla han pagado la tonelada de basura a 22 euros, mientras que en los municipios de Cádiz se ha estado pagando en torno a 45 o 48 euros, que es el coste medio estimado en otros municipios de la provincia. Los pueblos de Sevilla se han estado beneficiando de ese menor coste y de ese servicio, por lo que se intuye que Mancomunidad podría haber asumido el déficit, por lo tanto, “seguiremos solicitando una contabilidad separada para algunos servicios específicos que afecten solo a algunos municipios. No estamos dispuestos a que los sanluqueños tengan que pagar su basura y también la de los municipios de Sevilla”.

 

            Desde el punto de vista jurídico, el Ayuntamiento solicitó un informe externo para apoyar esta postura con un soporte jurídico sólido y efectivamente así resultó, ya que la Junta de Andalucía a través de un informe de la asesoría jurídica determinó que lo primero era hacer cumplir los propios estatutos de la MMMBG y establecen en su artículo número 8 que los programas específicos o proyectos de gastos vienen definidos o caracterizados por su ámbito subjetivo, esto es, que el objeto de la prestación va destinado o tiene como beneficiarios a uno o varios municipios y no a la totalidad de los que integran la MMBG. Por este motivo, el Ayuntamiento argumenta que los resultados de estos programas o proyectos, sean positivos o negativos, son imputables exclusivamente a los miembros de la Mancomunidad que hayan sido objeto de estos programas y no a la totalidad de miembros.

 

            Según la liquidación propuesta, el Ayuntamiento de Sanlúcar tendría que costear dos grandes inversiones que no tienen por qué asumir los ciudadanos de Sanlúcar, como son el cierre de esas plantas por un importe de 10 millones de euros, imputando a los sanluqueños un 31% de esa cantidad.

 

            En el pleno de ayer, todos los concejales de Sanlúcar votaron en contra de esta liquidación, excepto dos, los dos concejales de IU, Rafael Terán y Alba del Rocío Marín. PSOE, CIS, PA y PP votaron en contra de una liquidación injusta para los sanluqueños que supondría una gran merma en las arcas municipales. Tanto PSOE como PA rompieron su disciplina de partido ya que entendieron que esto perjudica a todos los sanluqueños y es injusto.

 

            “Ayer defendimos los intereses generales de la ciudad, los concejales que allí estaban sentados defendían los interés de sus pueblos, los representantes de los municipios de Sevilla por supuesto apoyaban esta liquidación, pero nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando han sido precisamente sanluqueños, los dos únicos concejales que no han defendido los intereses de su ciudad. La mayoría cualificada en el pleno de la MMBG son 36 votos, cifra que se consiguió por los dos concejales de IU que votaron a favor de la liquidación propuesta, por lo que las cuentas reales con las que contaba el Ayuntamiento, que suponían ocho millones de euros, han pasado a ser catorce. Ese es el precio que tiene que pagar Sanlúcar para que el señor Terán pueda mantener su puesto de dirección en la Junta de Andalucía, aún habiendo reconocido en la mañana de ayer que era una liquidación injusta”, declaró Juan Marín

 

            La alcaldesa finalizó argumentando que los sanluqueños no van a pagar aquello que no les corresponde y que a partir de ahora se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones. El Ayuntamiento agotará todas las vías y recursos posibles y “vamos a llegar hasta el final y seguiremos solicitando una contabilidad separada ara llegar a una liquidación justa”.

 

            Cabe destacar que el Ayuntamiento de Sanlúcar ha realizado infinidad de propuestas para esclarecer la verdadera situación de las cuentas en la Mancomunidad de Municipios, siendo todas rechazadas, y que jamás se ha negado a cumplir con sus obligaciones con la MMBG, un ejemplo de ello es que ningún ayuntamiento ha pagado nunca su cuota de aportación y hace tres años se llegó a un acuerdo para cubrir esos gastos por parte de todos los ayuntamientos a través de una operación financiera y a día de hoy el consistorio sanluqueño lleva abonados más de dos millones de euros. 

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