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El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha archivado la queja presentada por el portavoz del Partido Popular de Sanlúcar, Juan José Marmolejo, relativa a la solicitud de información sobre el expediente laboral de un trabajador municipal mediante fotocopias. El Defensor el Pueblo archiva la queja, que admitió a trámite en febrero, al asegurar que se puso a disposición del edil toda la información requerida, pero la solicitud de copias del expediente “excede del contenido del propio derecho de acceso a la información” según reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Hay que recordar que el PP había pedido información sobre un empleado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que le fue facilitada, pero no conforme con ésta su portavoz dirigió un escrito al Secretario General del Ayuntamiento de Sanlúcar, “solicitándole se le hiciera entrega de copia íntegra del expediente de Personal” del empleado, dándole traslado el secretario a la alcaldesa de Sanlúcar para que ella decida si dar o no la información. La Secretaría General puso a disposición del concejal del PP dicho expediente, pero no copia alguna del mismo, hecho que motivó la queja de Juan José Marmolejo.
Ahora, el Defensor del Pueblo recuerda el derecho de los concejales al acceso a la información para que puedan ejercer con suficiente conocimiento las funciones propias de su cargo, pero que el ejercicio de dicho derecho “debe ser presidido y ejercido conforme a las exigencias de la buena fue, y debe interpretarse como hace reiterada Jurisprudencia el Tribunal Supremo (STS 19 de julio de 1989, 5 de mayo de 1995, de 21 de abril de 1997, de 13 de febrero de 1998, de 14 de marzo de 2000, de 16 de marzo de 2001 y de 27 de septiembre de 2002) en el sentido de afirmar que ‘la solicitud de fotocopias excede del contenido del propio derecho de acceso a la información, haciéndolo más extensivo y complejo”.
En ese sentido, el Defensor señala que cuando el secretario general indicaba que era necesaria autorización de la Alcaldía para la obtención de copias, poniendo a disposición del concejal el expediente cuyo acceso solicitaba, “actuó conforme a las previsiones que establece el artículo 16.1.a del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”.
Tras el archivo de la queja, el Gobierno local pide a Juan José Marmolejo y a la portavoz provincial del PP, Ana Mestre, que se disculpen públicamente por su insidias y falsas acusaciones contra el empleado público, del que han puesto en duda su profesionalidad sólo por pertenecer al PSOE, y contra la alcaldesa, Irene García, que en ningún momento ha actuado contra el derecho a la información de los concejales, como explica el Defensor del Pueblo Andaluz. Al contrario que en la época en la que gobernaba el PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar, la transparencia, en especial en lo que a las cuentas públicas se refiere, es una de las señas de identidad del Gobierno local.
Tanto Marmolejo como Mestre han demostrado, en reiteradas comparecencias públicas en la ciudad, que son capaces de verter cualquier tipo de acusación sin fundamento sólo con el objetivo de dañar la imagen y la honorabilidad del Gobierno local y en particular del PSOE, sin importarles si mienten y engañan a los ciudadanos.

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