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IU: “Víctor Mora y compañía no tienen excusa alguna, más allá de su proverbial y reconocida insensibilidad social, para paralizar un desahucio en la ciudad”.
 
21/12/2018.- Ha tenido que ocurrir que se haya conocido una nueva tragedia de un suicidio de una mujer ante su inminente desahucio, para que el PSOE de Pedro Sánchez proponga modificar la ley de enjuiciamiento civil y fomentar una mayor coordinación con los servicios sociales, de manera que los desalojos de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad se paralicen hasta que intervengan los servicios sociales y garanticen una alternativa habitacional a dichas personas.

Aunque nos alegramos que se lleve a cabo los cambios legislativos necesarios para ello, tenemos que lamentar que sea como consecuencia de conocerse por los medios de comunicación que una mujer saltase desde el balcón de su casa, fruto de su desesperación, antes de ser desahuciada. Si se hubiese acometidos los cambios normativos y las medidas previas de los servicios sociales que ahora se proponen, cuantas tragedias y muertes se hubiesen podido evitar.

Estas medidas que el PSOE de Pedro Sánchez dice que llevará a cabo, es la que desde IU veníamos exigiendo, aunque pensamos que no hacía falta modificar la legislación para impedir un desalojo, desahucio o lanzamiento hasta que los servicios sociales no garantizasen una alternativa habitacional para las personas y familias que vean en esta tesitura, tan solo un mínimo de sensibilidad social y empatía por este grave problema, con el que se hubiese podido evitar muchas otras tragedias que han podido quedar en el anonimato.

A partir de ahora, Víctor Mora y compañía no tienen excusa alguna, más allá de su proverbial y reconocida insensibilidad social, para paralizar un desahucio en la ciudad, mientras que desde los servicios municipales no den una alternativa habitacional a las personas o familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

IU de Sanlúcar lleva años exigiendo, no solo que los servicios sociales municipales lleven a cabo la valoración de situación de vulnerabilidad a las familias que se encuentran amenazadas por un desahucio o desalojo como consecuencia de impago de hipotecas o alquiler, así como, de aquellas otras familias que dada su precaria situación económica se han visto en la obligación de ocupar una viviendas ante la falta de respuesta del ayuntamiento, sino que la hasta ahora inoperante Oficina de la Vivienda consiga alternativas habitaciones mediante acuerdos con la entidades bancaria propietarias de viviendas vacías a las familias afectadas.

 

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