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EL GOBIERNO SOLUCIONA LA ‘HIPOTECA’ POPULAR
El portavoz municipal socialista, Víctor Mora, quiere salir al paso de las manifestaciones del responsable del Partido Popular de Sanlúcar, Juan José Marmolejo, en referencia al reconocimiento extrajudicial de deudas aprobado en el pasado Pleno, por el que se reconocen facturas por importe de más 3,3 millones de euros. Una cifra de la que, al contrario de lo que afirma el señor Marmolejo, sólo pertenecen a la etapa de Gobierno PSOE y CIS poco más de 370.000 euros, 70 de las 570 facturas reconocidas. El resto son de los gobiernos anteriores y ello está suficientemente probado.
Resulta inconcebible que el señor Marmolejo, o más bien el becario de la señora Mestre y del señor Sanz, tenga la desfachatez de pedir explicaciones sobre facturas en los cajones cuando lo que debería de estar es pidiendo perdón a los sanluqueños por la ruina económica e incluso el peligro de quiebra técnica al que abocaron a la ciudad.
En estos últimos años el Gobierno local ha reconocido más de 7,4 millones de euros, proceso gracias al cual se puede afirmar que se han acabado con las facturas en los cajones, es decir, que se ha puesto fin a la etapa más nefasta que ha tenido la ciudad en cuanto a la gestión económica.
La propia Cámara de Cuentas, en su informe relativo a la gestión de 2006 (ver www.ccuentas.es), deja ya muy claras las negativas consecuencias de la gestión económica del PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar, las irregularidades contables y los millones de euros en facturas sin justificar, que en sus años de Gobierno propició que la administración local pasase de 27 a 100 millones de euros de remanente negativo tesorería, el mismo que ahora defiende el señor Marmolejo.
Del mismo tenor son los informes de la auditoría externa, del Plan de Saneamiento y de los técnicos municipales.
En referencia a las facturas, el equipo de Gobierno ha reconocido todas aquellas que podían serlo, es decir, aquéllas que contaban con las pertinentes firmas de los técnicos y los responsables municipales y que cuentan con garantías de que se realizó el trabajo o servicio, requisito indispensable para poder cobrar. Muchas otras facturas de la etapa popular no pueden ser reconocidas porque no tienen la firma ni de técnicos ni de concejales, y la mayoría pertenecen a pequeños y medianos empresarios a los que el PP ha llevado a la bancarrota.
A modo de ejemplo, entre esas facturas de empresarios sanluqueños que no pueden ser reconocidas se encuentran varias pertenecientes a una conocida empresa de suministro de material de ferretería (2.523 euros), a otra de respuestos de vehículos (2.398 euros), de una conocida hamburguesería (1.694 euros), otra de riego y jardinería (2.481 euros), una empresa de transporte familiar (34.000 euros) o por la instalación del pórtico de la Semana Santa y la Feria de 2005 por importe de 12.000 euros.
El Gobierno del PP sí tuvo dinero, sin embargo, para pagar al contado en París (1.059 euros en Le petit cinq o 293 euros en Casa Prada), o en el hotel Eduardo VII (2.044 euros), mientras que dejaban 660 euros en facturas de hoteles céntricos de Sanlúcar.
La práctica habitual de contratación del PP no fue muy ortodoxa. El informe de la Oficina de Gestión Presupuestaria (OGP) del Ayuntamiento de Sanlúcar señala en referencia al expediente de reconocimiento de facturas aprobado en el Pleno y respecto a las de cuatro empresas de la localidad, que “pueden suponer fraccionamiento ilegal de contrato. Evidencia una espantosa gestión económica, a veces fraudulenta, por parte del anterior equuipo de gobierno”. En ese mismo informe indica que “el Ayuntamiento está a fecha de hoy en situación técnica de quiebra económica por una gestión que se manifiesta de forma meridianamente clara en estas facturas. La sistemática repetición de estos servicios exhibe un descontrol absoluto del gasto sin cumplir ningún requisito legal. El presupuesto municipal queda totalmente violado. No deben repetirse situaciones como ésta”. Y aún va más allá: “Los precios podrían estar inflados, ya que no ha existido el más mínimo respeto por la legalidad vigente”.
Con todo, el portavoz socialista ha señalado que independientemente de la época de la que fueran las facturas, “se trata de un problema que afecta a muchas pequeñas y medianas empresas de la ciudad a las que este Gobierno, serio y responsable, quiere darles la solución que llevan años esperando.

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