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La privatización del ciclo integral del agua continúa ocasionando graves perjuicios para los sanluqueños sin que desde el equipo de gobierno del PSOE y sin que desde la propia empresa concesionaria del ciclo, Aqualia, se acometan acciones con las que evitarlos, sino más bien al contrario.

 

A las denuncias de Izquierda Unida en los juzgados sobre un presunto delito de estafa cometido por la multinacional en tanto que venía facturando a los sanluqueños cantidades superiores a las realmente aplicables en concepto de cuota fija de servicio, a la mala depuración que originó el pago de multas por parte del ayuntamiento que la Junta interponía y a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, entre otras cuestiones, se ha de sumar el prolongado corte de agua del pasado miércoles. 

 

El pasado martes se produjo una rotura de una válvula de la red general a la altura de la calle Castañeda, rotura para cuya reparación, los operarios de Aqualia tuvieron que acometer un corte general del agua durante el día del miércoles desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

 

Este prolongado corte ocasionó perjuicios importantes en comercios como peluquerías, etc., sobre todo en el ámbito de la hostelería, perjuicios que se podrían haber evitado y ello porque el corte tan prolongado se podría haber salvado si los depósitos reguladores de agua levantados a la altura del Reventón Chico estuviesen en funcionamiento. El agua de estos depósitos, si estuviesen en funcionamiento, habrían proveído agua a la población durante el tiempo en que se reparaba la avería, siendo probablemente, el corte, innecesario, o al menos mucho menor en el tiempo.

 

Estos depósitos llevan años sin funcionar sin que desde los últimos gobiernos de PSOE y Ciudadanos (ahora PSOE en solitario), se mueva un dedo. Un ayuntamiento comprometido con los servicios públicos no habría permitido que el ciclo integral del agua estuviese en manos de una empresa privada y en tal caso, habría velado por el cumplimiento del pliego de condiciones, prohibiendo que la empresa se desvinculase de facto del mantenimiento de estos depósitos y de otras instalaciones que ha de mantener.

 

La presión de IU y de otras organizaciones como Agua clara o Ecologistas en Acción ha propiciado que el ayuntamiento se vea obligado a iniciar expedientes sancionadores sobre Aqualia. Sin embargo, para IU, no bastan expedientes sancionadores que culminen en multas irrisorias. Estos expedientes han de propiciar el rescate del servicio, puesto que jurídicamente es una de las posibilidades que se prevén en caso de incumplimientos muy graves por parte de la concesionaria, sin coste alguno para el ayuntamiento.

 

Desde IU reiteramos nuestra apuesta por los servicios públicos gestionados directamente desde lo público, sin empresas intermediarias movidas por el afán del máximo beneficio a costa del empeoramiento del servicio. Por ello, seguimos reivindicando el rescate del ciclo integral del agua en defensa del interés de los sanluqueños.

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