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El gobierno local del PSOE sigue con su falta de transparencia con todo lo relacionado con el servicio que presta Aqualia, impidiendo que se conozca si se está vertiendo aguas al río con la debida depuración.

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IU Sanlúcar, a través de una información aportada por Ecologistas en Acción de Sanlúcar en la reunión de la Plataforma en Defensa de los Derechos del Agua de Sanlúcar de Barrameda “Agua Clara”, del miércoles 24 de febrero, ha tenido conocimiento de que en relación con la Declaración Anual de Vertidos,  el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ni en  2013 ni en 2014 aportó los preceptivos informes correspondientes a la vigilancia y control del medio receptor de vertidos de la EDAR en cumplimiento de lo dispuesto en la autorización de vertidos autorizada año 2 010, de referencia AV-CA 06/01.

La ausencia de ese Plan de Vigilancia Control del medio receptor afectado por el vertido, fue causa, entre otras, del procedimiento sancionador de referencia CA-2014/1096 abierto por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que se resolvió el 15/07/2015 con una sanción de multa pecuniaria al Ayuntamiento de nuestra ciudad y con la obligación del cumplimiento de los términos establecidos en la autorización de vertidos de referencia AV-CA 06101.

No sabemos si esta omisión de aportar el informe pertinente sobre vigilancia y control de vertidos al río, que es el medio receptor, que ha costado una sanción económica al Ayuntamiento cuya cuantía desconocemos, es fruto de la negligencia del equipo de gobierno del PSOE o de un nuevo intento de proteger a la concesionaria del servicio Aqualia de otra posibles irregularidad en el servicio que presta.

Nos preguntamos cuáles son las causas que impidieron que se aportaran estos informes preceptivos en 2013 y 2014, si había algo que ocultar y se prefirió asumir una sanción económica antes de dar los datos sobre la vigilancia y control de los vertidos al río.

Este irresponsable proceder es un nuevo capítulo de la protección que el PSOE de Víctor Mora ha venido ofreciendo a la multinacional desde que se privatizó el servicio del ciclo integral del agua en 2011, a la vez que demuestra que los expedientes sancionadores a Aqualia aprobados en el pasado pleno de febrero, no son más que un paripé deliberado o tácito en un intento de aparentar ante la opinión pública sanluqueña que tiene voluntad de controlar y fiscalizar la actividad a la multinacional Aqualia.

IU exigirá las pertinentes explicaciones y de no haber nada que justifique que no se aportaran los preceptivos informes de control y vigilancia de los vertidos, exigirá las responsabilidades políticas así como que la sanción impuesta al Ayuntamiento sea abonada por los responsables de las mismas. 

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