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En el Pleno ordinario de febrero, el grupo municipal de IU volvió a exigir el rescate del Ciclo Integral del Agua y no se sumó a la aprobación de unas sanciones irrisorias a la multinacional Aqualia por los hechos que IU ha venido denunciando todos estos años (cobros indebidos, falta de inversiones, carencias en el mantenimiento de la red y reducción de plantilla), unas sanciones que implican lo que IU ya alertaba, el cierre en falso de los expedientes sancionadores que en el mes de septiembre se iniciaron, tras varios años de insistencia por parte de IU.

IU votó en contra de estos expedientes sancionadores, no por no estar de acuerdo con los graves hechos probados, porque son los mismos que IU venía denunciando desde hace unos cuantos años, ante la indiferencia y la pasividad del equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos, sino por las cuantías irrisorias de las sanciones que le pretenden imponer y la nula asunción de responsabilidades políticas, entre otras cosas.
Ya en el pleno de septiembre IU anunció que no interesaban a IU las cuantías de las sanciones que se le pudieran imponer, ya que, a una multinacional como Aqualia, 144.000 euros de multa no le va a ocasionar mucho quebranto, sobre todo  después de haber deteriorado el servicio para enriquecerse ilegalmente, engañado y presuntamente estafado a los sanluqueños, como se ha demostrado en los expedientes sancionadores.
A nadie se le escapa, salvo al alcalde al parecer, que una falta manifiesta de un mantenimiento adecuado y limpieza de la red de saneamiento, hecho probado, está detrás de los procesos de inundaciones que ha sufrido la ciudad y de las continuas y sucesivas averías en las tuberías por toda la ciudad. Tamaña irresponsabilidad no se puede zanjar con 12.000 euros de multa. El Ayuntamiento debe pedir daños y perjuicios a la multinacional para resarcir a los damnificados por las inundaciones, y si no lo hace de bien, pues el Ayuntamiento debe acudir a los tribunales de justicia para que le obliguen. Los damnificados por las inundaciones lo exigirán.
A nadie se le escapa, salvo al alcalde al parecer, que detrás de que no se hayan llevado a cabo las inversiones comprometidas en el plazo ni en los términos reseñados en su oferta, está el hecho probado de que se estaba ofreciendo un peor servicio a los usuarios en las oficinas. Este incumplimiento que conlleva una indudable intención de engañar al Ayuntamiento se valora con tan solo una sanción de 12.000 euros.
A nadie se le escapa, salvo al alcalde al parecer, que detrás de una reducción de la plantilla acordada en el Pliego de Condiciones hay un intento de enriquecimiento en detrimento de la cantidad y calidad del servicio que han sufrido y padecido los usuarios, al que se pretende dar carpetazo con 60.000 euros de sanción.
A nadie se le escapa, salvo al alcalde al parecer, que detrás de un exceso de recaudación de los distintos servicios (ingresos tarifarios) durante los ejercicios 2.012, 2.013 y 2.014, no solo hay un incumplimiento grave de falta de comunicación al Ayuntamiento y a los abonados de los cambios de contadores, sino también todo un procedimiento orquestado para enriquecerse ilegalmente mediante el cobro de unas tasas por unos contadores que no se tenían instalados y que nosotros entendemos que es un presunto fraude a miles de sanluqueños con la presunta connivencia activa o pasiva del equipo de gobierno PSOE y Ciudadanos que, a petición de Aqualia, modificó el sistema tarifario en las Ordenanzas Fiscales de 2012, lo que a su vez posibilitó los cobros indebidos que se han venido produciendo durante 2012, 2013 y 2014 por parte de la multinacional, hecho en el que no se ha querido entrar en la resolución del expediente sancionador.
Tal como en la resolución se dice, fue en diciembre de 2013 cuando el equipo de gobierno decide tomar cartas en el asunto, cuando ya se había denunciado por IU y Ecologistas en Acción el cobro ilegal y el escándalo tomó importancia social. Todos nos preguntamos hacia dónde estaba mirando la comisión de seguimiento que no detectó las irregularidades que se estaban cometiendo. Una presunta estafa y un cobro ilegal de más de 1 millón de euros no se puede penalizar con tan solo una sanción administrativa de 60.000 euros. Es motivo suficiente para proceder al rescate del servicio.
Nadie podría entender que todavía no se haya iniciado el rescate del servicio por estos graves y continuos incumplimientos del pliego de condiciones, y esto es lo que nos hace no poder votar a favor de de estas resoluciones de los expedientes sancionadores a Aqualia. Quedarse tan solo aquí es un paripé, no sé si deliberado o tácito, al cual IU no está dispuesta a prestarse. La privatización de este servicio se llevó a cabo prometiendo Irene García, Juan Marín y Víctor Mora que iba a ser más barato y más eficiente, pero el tiempo ha demostrado todo lo contrario, es decir, un peor servicio, menos democrático, más caro y, por supuesto, menos eficiente, sin olvidar que se ha aprovechado para perpetrar un presunto fraude con la también presunta connivencia pasiva del equipo de gobierno PSOE y Ciudadanos.
Nuestro único interés es que este servicio esencial se vuelva a prestar desde lo público, para garantizar que sea más democrático, más barato y eficiente y, por ello, debemos aprovechar esta ocasión para rescatarlo a coste cero para el ayuntamiento debido a estos graves incumplimientos.
Pero este interés no nos impide exigir las responsabilidades políticas del equipo de gobierno PSOE Y Ciudadanos en todo este asunto por su connivencia activa o pasiva. Ninguna de las graves tropelías cometidas por Aqualia se hubiera podido perpetrar sin la colaboración necesaria del equipo de gobierno, desde el cambio tarifario hasta la eliminación de todo control y seguimiento efectivo de la concesionaria. El hecho de que la Comisión de Seguimiento de la Concesión tras su constitución en 2011, no se reuniera más hasta enero de 2014, cuando ya había estallado todo el escándalo, lo dice todo, reunión en la que ni siquiera se pudo aprobar el reglamento de funcionamiento de la misma comisión. Hechos que deslegitiman que los señores Víctor Mora, Inmaculada Muñoz y Rafael Louzao sigan siendo alcalde, delegada de hacienda y delegado de infraestructuras, respectivamente.
Por todo ello, IU votó en contra de los expedientes sancionadores, porque a pesar de que se han podido aprobar los graves incumplimientos por parte de Aqualia, IU no se puede prestar a este paripé, ya que las sanciones son ridículas, a la vez que exige el inicio del rescate del servicio del Ciclo Integral del Agua, así como la asunción de las correspondientes responsabilidades políticas a los anteriormente mencionados.

Además, las cuentas de liquidación de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 de las  tarifas de agua, alcantarillado y depuración reflejan un exceso de beneficio por parte de Aqualia de algo más de 1 millón de euros, hecho que IU venía denunciando desde hace años y pidiendo los datos económicos del equilibrio  de la concesión, datos que nunca se nos ofrecieron, todo ello a pesar de la existencia de un informe técnico sobre estudio para la revisión de tarifas de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para el año 2014” emitido por un Ingeniero de Caminos de fecha 7/2/2014 con 38 páginas y 7 anexos y es ahora cuando hemos conocido su existencia. Prueba evidente de la falta de transparencia con que este equipo de gobierno ha pretendido llevar todo lo referente a Aqualia.
Aqualia, que además de reducir la plantilla, no realizar las inversiones comprometidas, no llevar a cabo un adecuado mantenimiento de la red de saneamiento y llevar a cabo cobros ilegales en los recibos al cobrar tasas por contadores de 15 mm cuando en realidad los instalados eran de 13, desde 2012 ha venido obteniendo un exceso de beneficio que se cuantifica en algo más de 1 millón de euros, que ahora gracias al tesón y responsabilidad exclusivamente de IU, tiene que devolver. Existe un mayor ingreso por parte de Aqualia en el contrato en base a unas estimaciones fraudulentas. A uno de enero de 2012 se incrementó la cuota fija por encima del IPC con una serie de excusas cuya repercusión económica real ahora se puede ver.
El equilibrio económico de la concesión se volcó en favor de Aqualia en 2012, 2013 y 2014 como ha estado denunciando Izquierda Unida. Por eso Aqualia debe devolver al Ayuntamiento1.021.937,97 euros, aparte de lo que debió devolver a los sanluqueños.
En el citado informe, la previsión de ingresos cada año (2012, 2013 y 2014) se hacía sobre 5 millones y en realidad cobraban a los sanluqueños 5,3 millones. Por ello al final debe devolver al Ayuntamiento un millón de euros. Esto Aqualia no lo reconoce; no está de acuerdo y sus representantes votan en contra en la comisión. Estos han sido datos que nos han estado ocultando desde hace cuatro años. PSOE y Ciudadanos.
En las Ordenanzas Fiscales, IU decía que se introdujeron bonificaciones cuyo alcance y cuantía fueron incapaces de determinar. En este informe, tenemos un claro ejemplo, de que la importancia que tienen las bonificaciones municipales a los tributos es ridícula. La bonificación a las familias numerosas en la tasa del agua (que fue la excusa para cobrar este millón de euros de más, dejando aparte de lo de los contadores) es de una rebaja de 2.000 euros en tres años para toda Sanlúcar. Es decir para un coste de 2.000 euros en bonificaciones en tres años, Aqualia sacó 1 millón de euros, cantidad que se hubiese llevado si no fuera por IU que estuvo cumpliendo su trabajo de fiscalización frente un equipo de gobierno PSOE-Ciudadanos que siempre estuvo amparando a Aqualia gracias a su mayoría absoluta.
Tras una compensaciones de unas obras realizadas por Aqualia, que suponemos deben estar debidamente controladas por los técnicos y cuyas facturas anunciamos desde ya que vamos a exigir conocer pormenorizadamente, lo que Aqualia debe devolver al Ayuntamiento es 794.747,75 euros, cantidad que se quiere compensar con unas supuestas obras que debe realizar Aqualia en 2016. Así quieren vestir el “santo” para que Aqualia no deba devolver nada a la ciudad. A este paripé tampoco IU va a prestarse.
Si los graves incumplimientos demostrados en los expedientes sancionadores son motivos de sobra para proceder a la remunicipalización del servicio, con este nuevo cobro excesivo, se hace ya económica y socialmente más que necesario.Y si los graves incumplimientos probados en los expedientes sancionadores inhabilitaban al alcalde, a la delegada de hacienda y al delegado de infraestructuras para seguir en sus cargos, el haber permitido por acción u omisión este cobro excesivo de algo más de 1 millón de euros a la concesionaria, justifica su inhabilitación también por estética e higiene democrática.

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