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Con fecha de 1 de julio de 1994 fue suscrito Convenio de Gestión entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en materia de VPOs.

 En dicho convenio en su apartado quinto se establecía que “el Ayuntamiento gestionará la recaudación efectuada, destinándola en su totalidad a subvertir los gastos de administración, conservación y reparación de las viviendas y, en su caso, al fomento de la política municipal de viviendas y suelo residencial”. El Ayuntamiento, a través de Emuvisan, asumió la administración del Grupo de 900 viviendas de la Barriada El Palomar.

Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 1994 se faculta al Alcalde para la firma y suscripción de los contratos de compraventa. En estos contratos privados suscritos el 1 de noviembre de 1994 se señala que “expresamente se pacta que el 75% de las cuotas generadas por el pago de estas viviendas se destinarán por Emuvisan a la conservación y mejora de estas 900 viviendas y sus instalaciones. A tal fin, se constituirá una Comisión Paritaria de Seguimiento…”.

Para el desarrollo de la gestión, por parte de Emuvisan se abrió una cuenta corriente en la que los vecinos han venido durante años ingresando sus cuotas. La referida Comisión de Seguimiento constituida se reunió aproximadamente cada dos meses durante unos diez años.

Sobre 2007,en el activo de Emuvisan existía una imposición a plazo renovable trimestralmente con unos 300.000 euros. Esta imposición provenía de forma directamente identificada y en exclusiva de estos fondos y financió diferentes gastos e inversiones para la Barriada con el visto bueno de la citada Comisión.

Los vecinos de esa Barriada quieren conocer detalladamente en qué se han empleado las cantidades recaudadas y el saldo resultante. Por ello, el grupo municipal de IU ha solicitado al Ayuntamiento información sobre el destino de las cantidades recaudadas durante los últimos años correspondientes a la promoción de las 900 viviendas de El Palomar, así como sobre la situación contable y jurídica actual después de la disolución de la empresa municipal.

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