rio-turbio-2-ipod-photo.jpgEl titular del número 4 de Sanlúcar ha ordenado al Seprona investigar los hechos

El juzgado número 4 de Sanlúcar de Barrameda ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por un grupo de sanluqueños, abogados y comerciantes, quienes el pasado mes de junio formularon una queja pública ante los juzgados de Sanlúcar al considerar que el episodio de turbidez que afecta al río Guadalquivir desde el pasado mes de noviembre de 2007, era constitutivo de delito.
Y así lo ha considerado el magistrado encargado del caso, quien inició a principios del mes de julio las diligencias oportunas al hallar “indicios de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”.
Se trata de la única denuncia interpuesta en relación a este caso, que desde hace meses ocupa a administraciones y expertos en la materia, quienes han constituido una mesa de seguimiento que ha anunciado que prevé arrojar resultados entre los meses de noviembre y diciembre próximos.

investigación
Hasta ese momento, el asunto seguirá su curso en los tribunales sanluqueños, quienes han aceptado así la queja presentada por cinco ciudadanos preocupados por el alto índice de salinidad y de turbidez que registra el afluente desde hace once meses. De hecho, el titular del número 4 ordenó a la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz y, en concreto, al servicio del Seprona, que procedieran a la investigación de los hechos denunciados por estos ciudadanos y que han desembocado en un procedimiento judicial sobre el que, de momento, tampoco se ha pronunciado la Fiscalía, si bien se trata de un delito público.
Sin embargo, este grupo especializado en delitos contra el medio ambiente ha informado al juzgado de que la instrucción del atestado correspondiente a la investigación “se encuentra paralizado hasta que la delegación provincial de Medio Ambiente no emita el informe solicitado”, según la información a la que ha podido acceder este periódico.
Esta petición del magistrado se realizó con fecha 3 de julio de 2008. No fue hasta el pasado 1 de septiembre cuando la Comandancia de Cádiz respondió al juzgado, asegurando que habían presentado oficio a la Consejería de Medio Ambiente solicitando información y que “a fecha de hoy no se ha recibido contestación”.
La investigación de las causas por parte de los organismos competentes era sólo una de las medidas solicitadas por el grupo que formuló la queja pública ante los juzgados sanluqueños. De hecho, solicitaron además que se remitiera oficio a varias entidades públicas y privadas, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Sanlúcar o la Autoridad Portuaria de Sevilla, para que remitieran al juzgado “cuantos informes obraran en su poder sobre las causas que han originado la turbidez”. Sin embargo, hasta la fecha, el magistrado sólo ha solicitado esta información al Seprona.

causas no determinantes
Por otro lado, los denunciantes solicitaban que, una vez obraran en poder del juzgado los informes existentes sobre este fenómeno, se tomara declaración a los firmantes de los mismos, al objeto de dilucidar sobre el hecho de la denuncia. En el supuesto de que prosperara este caso, los informes que aún están elaborando los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que se espera vean la luz a mediados de octubre, podrían ser clave para determinar la existencia o no de delito. Sin embargo, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, reconoció en su visita a Sanlúcar que “no existe una causa que establezca el origen de la turbidez y que nos haga actuar de manera directa”, por lo que adelantó que la mesa de seguimiento seguirá trabajando hasta que las conclusiones de los estudios arrojen luz sobre el asunto.

Medio Ambiente se muestra a disposición del juzgado


En relación a la admisión a trámite de la denuncia interpuesta el pasado mes de junio por un grupo de ciudadanos sanluqueños preocupados por el episodio de turbidez por el que se está viendo afectado el Guadalquivir, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aseguró que “los trámites que cada ciudadano quiera llevar a cabo ante cualquier hecho que ocurra alrededor de sus vidas merece todos mis respetos”. Así, hizo referencia a la mesa se seguimiento constituida a instancias de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno andaluz, para afirmar que “cualquier información que nos solicite el juzgado o cualquier ciudadano estamos en disposición de dársela”. Además, explicó que, al margen del trámite legal, la Consejería tiene la obligación de investigar sobre un acontecimiento sobre el que se piden responsabilidades. Informes y análisis que “no van a estar en valde” y que la Consejería “está para dar toda la información que se nos solicite y las conclusiones a las que llegue la mesa”.
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