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Ayer jueves tuvo lugar con un notable afluencia de público la segunda jornada de los Encuentros en la Paz organizados por IU Sanlúcar de Barrameda, con la participación de la Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, siendo presentada por la sanluqueña Amanda Meyer, a su vez, secretaria general de vivienda, rehabilitación y arquitectura en dicha consejería.

Amanda Meyer destacó la capacidad de trabajo y el tesón de la consejera, así como su compromiso personal y político con los ideales que representa IU que se están plasmando en su labor al frente de la responsabilidad que ostenta en el gobierno andaluz. Por otra parte, en referencia al decreto andaluz sobre el carácter social de la vivienda incidió en que las administraciones públicas que no amparan a los ciudadanos frente a los poderes económicos no sirven, por esa razón IU desde el gobierno de la Junta Andalucía pretende administración andaluz sea una herramienta eficaz en la defensa de los ciudadanos, especialmente aquellos que peor lo están pasando en esta crisis estafa.

Por su parte, Elena Cortés, hizo un sucinto repaso de las causas sociales, económicas y políticas que determinaron el decreto andaluz sobre el carácter social de la vivienda, ofreciendo unos datos que manifiestamente justificaba la intervención de la administración pública andaluza en la relación desigual entre los ciudadanos y los grupos inmobiliarios y financieros. En Andalucía había 700.000 vivienda vacías y tan solo 80.000 viviendas sociales propiedad de la Junta para una demanda ampliamente superior. Esta realidad y el arropo legal que ofrecía tanto la Constitución como el propio estatuto de autonomía hicieron que se legislase necesariamente en este aspecto del uso social de la vivienda frente al uso eminentemente especulativo que se estaba llevando a cabo por las inmobiliarias y entidades financieras.

Por estas razones, la consejera criticó duramente el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el gobierno de Rajoy, que al ser admitido a trámite por el Constitucional, supone la paralización efectiva del decreto dejando a cientos de andaluces y andaluces absolutamente desprotegidos ante sus eminentes desahucios. Continuo diciendo que una vez más el gobierno de Rajoy y el PP se pone al servicio y en defensa de los intereses de la oligarquía financiera y los grandes grupos inmobiliarios que temían que el ejemplo de Andalucía cundiera en el resto del país, ya que había otras comunidades que se estaban interesando en la iniciativa andaluza.

No obstante, concluyó Cortés manifestando su confianza en un fallo favorable del Tribunal Constitucional dada el impecable encaje legal del decreto en las normativas europeas, nacional y de la propia comunidad andaluza al respecto recogido en el estatuto de autonomía.

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