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El portavoz municipal del grupo municipal de IU ha presentado una moción para que el pleno municipal se manifieste en contra del recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de la nación del PP contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

El Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución Española consagra la “función social” del derecho de propiedad. La “función social” forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Eso es exactamente el objetivo del decreto-ley, que no haya casas sin gente ni gente sin casas. Al tiempo que busca la protección de familias o personas que se encuentren con una orden de desahucio y estén dentro de los requisitos establecidos por el decreto-ley.

La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones públicas realizan expropiaciones cada día para construir metros, autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros.

Lo que el Gobierno de Nación del PP está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza y poniéndose enfrente de la mayoría social y las familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera.

Para Rafael Terán, con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciado incluso por la OUN y a la falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios de la vivienda habitual y permanente. Es decir para las familias y personas que están sufriendo una orden de desahucio, en la mayoría de los casos con menores.

La Consejería ha iniciado ya más de una decena expedientes de expropiación temporal a sendas familias que tienen orden de lanzamiento de su vivienda y continúa con la tramitación de más expedientes de expropiación del uso de viviendas para seguir evitando desahucios de personas en riesgo de exclusión social. De igual modo está trabajando en la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean.

El Decreto Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, donde continúa su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley, lo que demuestra la hipocresía del PP en todo asunto, que mientras en Andalucía votan a favor del decreto, en Madrid presenta recurso de inconstitucionalidad poniéndose al servicio  la patronal, de la banca y de la oligarquía económica y financiera del país.

Por todo esto, el grupo municipal de IU somete a consideración del Pleno Municipal rechazar el recurso de inconstitucionalidad por ser el derecho humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz  principios básicos recogidos en el Estatuto de Autonomía y en la propia Constitución.

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