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La secretaria de organización y portavoz de Ciudadanos, María Jesús Herencia, y Antonio Reyes, miembro de la ejecutiva de esta formación política independiente, han ofrecido una rueda de prensa para exponer lo acontecido en el último pleno de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, celebrado el pasado martes, en el que se aprobó la liquidación del ente.

            La portavoz explicó la posición que CIS, como socio del PSOE en el gobierno municipal, ha mantenido durante todo el proceso -en el que Juan Marín ha sido el representante del Ayuntamiento de Sanlúcar-, que no ha sido otra que la de rechazar esta liquidación sin antes aclarar las cuentas.

            Según Herencia, “CIS siempre ha velado por los intereses del pueblo de Sanlúcar, anteponiendo el bienestar de sus ciudadanos por encima de todo”, tal como lo recogen las actas de los plenos celebrados y en las que se reflejan las alternativas presentadas, como la de llevar a cabo una contabilidad separada por la que cada ayuntamiento tendría que pagar por los servicios recibidos en sus municipios y los gastos generales se distribuirían porcentualmente, tal como avala el informe emitido por la Junta de Andalucía y al que la presidenta de la mancomunidad ha hecho caso omiso.

“Este es un asunto al que se le ha intentado dar carpetazo pero aún no se ha liquidado, por lo que CIS seguirá luchando para que las propuestas del Ayuntamiento de Sanlúcar se lleven a cabo y se presentarán las alegaciones oportunas”, agregó Mª Jesús Herencia.

Para Reyes, hay que dejar dos cuestiones bien claras y diferenciadas, una es la depuración de responsabilidades por la nefasta gestión de quienes han tenido poder de decisión en la MMBG que ya se determinará por la fiscalía y los órganos judiciales y otra es la liquidación de las cuentas y la deuda de la Mancomunidad. Y es ahí donde Ciudadanos Independientes de Sanlúcar y Juan Marín en representación del Ayuntamiento de Sanlúcar, ha defendido el cumplimiento de lo estipulado en los Estatutos de la MMBG, que establecen que los gastos generales de funcionamiento interno sean pagados en función al coeficiente de participación en relación al número de habitantes de cada municipio y los gastos específicos de los programas sean cargados a los municipios beneficiarios de estos servicios.

En ese contexto, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha defendido que no nos pueden cargar a los municipios de Chipiona, Rota y Sanlúcar, determinados costes de inversiones y programas que no han repercutido de manera alguna en estas ciudades. 

            Reyes manifestó que el informe de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía presentado por el Ayuntamiento ratifica que “los sanluqueños no tenemos por qué pagar las deudas de servicios que se han prestado en otros municipios” -como la deuda de 10 millones que ha dejado la planta de residuos sólidos de Utrera- y que, de haberse aceptado este informe, y este criterio lógico de reparto que hemos defendido, la deuda de Sanlúcar quedaría entre los 8 ó 10 millones de euros, en lugar de los 14 millones que ahora se le atribuyen.

“Así pues, podemos asegurar que en torno a 6 millones es lo que nos costará a los sanluqueños el mantenimiento del puesto de Terán en la Junta de Andalucía, por el que además cobra 60 mil euros al año y por el que no le ha importado traicionar y perjudicar vilmente a su ciudad”, añadió.

“Rafael Terán ha traicionado y se ha convertido en verdugo para su ciudad, éste gris y nefasto personaje lleva mucho tiempo intentándolo y ésta ha sido la oportunidad perfecta para cumplir su sentencia”, dijo Antonio Reyes tras explicar que, en contra de lo que hicieron los representantes de IU de los municipios de Rota y Chipiona que no asistieron al Pleno para no perjudicar con su voto a sus municipios, rompiendo así las órdenes de partido, los votos de Rafael Terán y de su compañera Alba Marín fueron determinantes para dar la mayoría exacta de 36 votos necesarios para aprobar estas cuentas y la disolución de la entidad en los términos tan injustos que se ha hecho, “condenando el futuro de esta ciudad y a este ayuntamiento a la ruina económica”.

Antonio Reyes finalizó diciendo que “el máximo representante de Izquierda Unida en Sanlúcar, votando a favor de la liquidación de la mancomunidad, ha traicionado también a sus propios votantes, anteponiendo sus intereses personales y los del municipio de su jefe por encima de la confianza que muchos ciudadanos de Sanlúcar depositaron en él y por ello debe dimitir”.

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